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  ENTREVISTA

 


Enero 2016
“La experiencia me enseñó que nunca hay que darse por vencido, hay que perseverar”

Miguel B. O’ Farrell, que ejerce la profesión como consultor en Marval, O’Farrell & Mairal, nos cuenta cómo fue el proceso que derivó en la sanción de la Ley No. 27.222 promulgada por el Decreto 210/2015 mediante la cual se implementan las tan deseadas modificaciones de las leyes 22.362 y 26.589 para que el efecto suspensivo del procedimiento de mediación no se aplique al plazo de un año del art. 16 de la ley de 22.362.

Medyar: ¿Cómo se origina el Proyecto que derivó en la Ley 27.222 y en qué consiste?

M.O’F.: El proyecto resuelve una situación de inseguridad jurídica derivada de la última reforma de la ley de Mediación que estableció que la mediación no sólo suspende los plazos de prescripción sino también los de caducidad, como es el plazo de un año que el art. 16 que la ley 22.362 le confiere al solicitante de una marca que tropezó con una oposición para lograr que su oponente la retire o bien le inicie juicio para que se declare infunda por los tribunales federales en lo civil y comercial de la Capital, y de esa forma evitar que se produzca su abandono.

Cuando alguien solicita una marca se publica en el Boletín de Marcas y comienza a correr un plazo de 30 días para que cualquiera que se sienta lesionado por esta nueva marca se pueda oponer. Una vez presentada la oposición, la solicitud de registro de marca no va a poder ser concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a menos que sea retirada voluntariamente por el oponente, normalmente como consecuencia de una negociación con el solicitante, o sea declarada infundada por los tribunales federales en lo civil y comercial de la Capital.

La ley 26.589 en su art. 1 establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo procedimiento judicial. A su vez, su art. 18 establece que la mediación suspende el plazo de la prescripción y de la caducidad, indicando, según los casos, desde cuándo, contra quién opera y hasta cuándo.

Antes de que se estableciera que la mediación suspende los plazos de caducidad y, por lo tanto, el plazo de un año del art 16, el INPI se fijaba si la oposición había sido retirada o si el solicitante había iniciado juicio para que fuera declarada infundada dentro del plazo del año contado desde la notificación de la oposición, de lo contrario declaraba su abandono.

Ahora bien, a partir de que la mediación suspendía el plazo del año, el INPI no sabía si el solicitante había iniciado la mediación dentro del año y procedió a dictar unas resoluciones imponiendo a los solicitantes en esas condiciones la obligación de probar ante el INPI el inicio de la mediación en término y su mantenimiento en el tiempo para que la solicitud no tuviera que ser abandonada.

La consecuencia fue que el INPI tuvo que crear un equipo de funcionarios para controlar todo esto (que cada tanto incurrían en errores y declaraban abandonos que no debieran haber sido declarados). Y en el sector privado también se incurrió en errores al computar los plazos e informar al INPI, lo cual en algunos casos derivó en abandonos indeseados. Además, los trámites de registro de marcas se prolongaron innecesariamente en perjuicio de todos los usuarios del sistema. El proyecto -ahora ley- que nos ocupa viene a resolver estos problemas tanto para el INPI como para el sector privado.

Medyar: ¿Cómo fue el proceso de redacción del Proyecto de Ley?

M.O’F.: Los problemas apuntados generaron inquietud tanto en el sector público como en el privado y, si su causa derivaba de una ley que estableció que la mediación suspende los plazos de caducidad, no había otra solución que cambiarla mediante otra ley ajustada al caso concreto del plazo del año del art 16 de la ley 22.362, para no interferir con otros plazos de caducidad, para los cuales la suspensión podría ser una buena solución y de esa forma evitar posibles oposiciones de terceros.

Sacar una ley parecía algo tan difícil o más que escalar el Everest. De todos modos, decidimos hacer el intento. En primer lugar, luego de cambiar ideas con algunos colegas, llevamos el tema al Instituto de Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y a la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Industrial (AAPI), que se mostraron a favor de la idea. En vista de ello, se redactó un proyecto de ley muy sencillo que establecía que el proceso de mediación no suspendía el plazo del año del art 16 de la ley de marcas y que el letrado interviniente podía acreditar, mediante declaración jurada, el cumplimiento del requisito de la mediación previa obligatoria. Vale aclarar, que en el texto original se había previsto que bastaba con sólo iniciar el proceso de mediación para que el solicitante pudiera demandar, pero luego por sugerencia de la de Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina (CAPIRA) se estableció que la mediación debería estar cerrada sin acuerdo para poder iniciar el proceso judicial.

Medyar: ¿A quién presentó los artículos escritos?

M.O´F. Como al INPI les gustaba el proyecto, les sugerimos que lo presentaran ellos por ser un organismo oficial. Sorprendentemente, nos dijeron que sería mejor que lo presentáramos nosotros (las asociaciones de agentes) y que cuando el Congreso les pidiera su opinión la darían favorable. Nos explicaron que hacía tres años habían presentado un proyecto muy sencillo sobre modelos industriales y que en ese momento no sabían ni dónde estaba el expediente, dado que cuando llegaba a Presidencia se perdía en una especie de "limbo burocrático".

A sugerencia del INPI logramos que lo presentara el Diputado Luis Cigogna, titular de la Comisión de Justicia, a quien fuimos a ver con los entonces presidentes de la AAAPI y CAPIRA hacia fines del 2012. Cigogna nos dijo que lo presentaría él pero que no tenía sentido hacerlo entonces pues nadie lo iba a mirar y convenía hacerlo el 2013 y así lo hizo ante la Comisión de Justicia que en ese momento presidía Jorge Yoma, pero como éste decidió alejarse del FPV los miembros de la Comisión le pidieron que renunciara a su titularidad de la Comisión. Ante la negativa de Yoma a renunciar, los demás miembros le informaron que no asistirían más a la Comisión y ésta no trabajó más durante el resto del año.

Al año siguiente, 2014, quedó como titular de la Comisión de Justicia Graciela Giannettasio, quien fuera la Vice-Gobernadora de Duhalde en la Provincia de Bs. As. La fui a ver, entendió el proyecto y me dijo que lo pondría en la agenda de la próxima reunión de asesores a la que sería invitado, para lo cual me puso en contacto con su asesor Gabriel Binstein quien se recordaba de mí de la Facultad de Derecho de la UBA.

El día de la reunión, Binstein que la coordinaba, me dijo: “Miguel siéntate a mi lado te voy a hacer hablar en primer término, tienes 5 minutos y, por favor, decodificá porque aquí nadie tiene idea de nada”. Cuando finalicé de explicar el tema un asesor dijo que proponía que se librara un oficio al INPI para que opine, a lo cual respondí que sin la conformidad del INPI era impensable que se aprobara el proyecto.

Cuando salía de la reunión una persona preguntó "Cómo se hace un oficio al INPI"? Le pedí su email y le envié el borrador. A la vez, hablé con Mario Díaz, Vicepresidente del INPI, para que estuvieran preparados porque se venía el oficio.

El INPI contestó el oficio a la brevedad muy positivamente y entonces Gabriela Giannettasio convocó una segunda reunión de asesores para "atornillar" el tema. Luego me dijo que "en esta oportunidad la oposición nos acompañó" y finalmente, previa reformulación del texto original para que se adecuara al Digesto (sin modificarle su esencia), el proyecto pasó al Recinto donde fue aprobado por unanimidad sin debate (ya que no había habido observaciones). En junio de 2014, antes de la feria, pasó al Senado a la Comisión de Legislación General que preside la Senadora Ada Iturrez de Cappellini.

Medyar: Pasó entonces a Cámara de Senadores…

M.O´F.: Así es y la Diputada Giannettasio me prometió impulsar el proyecto en el Senado con la ayuda de Aníbal Fernández pero como éste pasó a desempeñarse como Jefe de Gabinete intentó hacerlo con el Senador Urtubey (hermano del Gobernador) pero no le fue bien.

De todas formas, Giannettasio presentó un pedido de pronto despacho, a raíz de lo cual se convocó a una reunión de asesores de la Comisión de Legislación General a la que fui invitado junto con Gabriel Binstein, quien en la reunión me pasó la palabra para que explicara el proyecto. Cuando estaba hablando hizo su entrada la doctora María Marcela Uthurralt, Directora Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien se sentó a mi lado y luego de escuchar unas objeciones formuladas por un Dr. González, Presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales a las que yo respondí, tomó la palabra y habló durante una hora y cuarto acerca de las bondades de la mediación y finalizó diciendo: "por lo tanto no estoy de acuerdo con el proyecto". Inmediatamente la Dra. Galeano, Secretaria de la Comisión, dijo "pasamos al próximo tema" y Binstein y yo nos tuvimos que ir, sin más. Cuando le contamos a Giannetasio lo sucedido estaba que volaba y decía que una Secretaria de ella jamás haría una cosa así y otras cosas que no vine a cuento recordar.

Pasados unos días, me llamaron del INPI, para decirme que la Directora Uthurralt los había invitado para reunirse con ella y conmigo para hablar del tema pero como advertían que los querían usar a ellos para objetar el proyecto se excusarían y no asistirán. Entonces me fui a la reunión con Uthurralt junto con la Dra. Alejandra Cortiñas, Presidenta del Club de Abogados Mediadores que apoyaba el proyecto. Luego de discutir durante dos horas con Uthurralt nos retiramos sin haber logrado nada.

Entre otras cosas, Uthurralt me dijo que el proyecto había "perdido vigencia" toda vez que ella había desarrollado en el Ministerio un sistema MEPRE que le permitiría al INPI ver si el solicitante de una marca con oposición había iniciado la mediación dentro del plazo del año del art. 16 de la ley de 22.362 y luego controlar si se mantenía vigente como para no tener que declarar el abandono de la solicitud de marca en cuestión. Me enteré también que había intentado "venderle" el MEPRE al INPI, pero el INPI consideraba que el proyecto le resolvía sus problemas y no querían saber nada con tener que enchufarse en el MEPRE, por lo tanto le dijeron que lo pensarían.

Luego un asesor de la Senadora de Neuquén me facilitó copia de una nota enviada por la Sub-Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Senadora Iturrez de Cappellini con "observaciones" (verdaderas objeciones) al proyecto y terminaba diciendo que para más información se podía comunicar con la Dra. Uthurralt. Entonces, preparé una respuesta a todas y cada una de las objeciones y llevé la nota dirijida a la Senadora Iturrez de Cappellini a la Comisión de Propiedad Industrial del CPACF que preside Ernesto Halabi quien la firmó y la hizo firmar también por el Dr. Awad, Presidente del CPACF.

Le llevé en mano la nota del CPACF a la secretaria de la Senadora Iturrez de Cappellini quien por indicación de la Senadora me derivó a sus asesores Dres. Caprino y Etchevarne. Ambos excelentes profesionales que entendieron el proyecto, estaban de acuerdo con lo dicho en la nota del CPACF, no así con las objeciones del Ministerio de Justicia y que le dirían a la Senadora que desde el punto de vista técnico merecía ser aprobado. A su vez, me dijeron que los aspectos políticos (conflicto con el Ministerio de Justicia) le correspondía resolverlos a la Senadora.

Así las cosas, me llama un día Etchevarne para decirme que el tema sería incluido en una reunión de asesores de la Comisión que tendría lugar el jueves 1 de octubre de 2015, día que comenzaba el Campeonato Argentino de Natación en Santa Fe. Como la Patria viene antes que la natación, cancelé mi vuelo del miércoles y lo pasé para el viernes 2. Pero el miércoles a última hora me llamó Etchevarne para decirme que "el Bloque" había decidido no incluir el tema en la agenda. A raíz de ello volví a cambiar mi pasaje a Santa Fe (multa mediante).

Cuando regresé a Buenos Aires no pude resistir la tentación de enviarle un mail a Marcela Uthurralt diciéndole que no sabía si debía felicitarla por haber logrado sacar el tema de la agenda de la reunión de asesores, pero que no bien me enteré pude cambiar nuevamente mi pasaje a Santa Fe para competir en el Campeonato Argentino de Natación donde logré seis medallas: cuatro de oro y dos de plata (en seis pruebas individuales) y dos más de oro en postas) y le agregué "¡No hay mal que por bien no venga!”. Además, le decía que me volvía a poner a su disposición para intentar lograr un texto que resultase aceptable para todos.

Pensé que no me contestaría o me mandaría lejos...pero, ante mi sorpresa, me contestó a la semana pidiendo disculpas por la demora en responder debido a que estaba muy atareada con temas de mediación laboral y otros y que aprovechaba para felicitarme por las medallas logradas!

Pasó el tiempo y un día en un almuerzo me crucé con la senadora Liliana Negre de Alonso, miembro de la Comisión de Legislación General del Senado, a quien logré convencer acerca de las bondades del proyecto. Me pidió los datos y prometió ocuparse. Estábamos a fines de 2015 y el proyecto perdía estado parlamentario a fines de ese año. A principios del mes de noviembre me contacta el Dr. José Iglesias, Jefe de Asesores de la Senadora Negre de Alonso para decirme que había recibido instrucciones de avanzar con este tema y que le habían enviado una nota en ese sentido a la titular de la Comisión de Legislación General del Senado Ada Iturrez de Cappellini.

El 25 de noviembre de 2015 me enviaron un mensaje que el Proyecto Ley en Revisión CD-25/14 había sido aprobado sobre tablas en la maratónica sesión del Senado de ese mismo día. Yo no lo podía creer!

Esa es la historia del proyecto que se convirtió en la ley 27.222.

Medyar: A nivel personal y profesional, ¿qué le dejó toda esta experiencia?

M.O´F.: La experiencia me confirma que nunca hay que darse por vencido, hay que perseverar. No se puede levantar el pie del acelerador en ningún momento, ya que sino los proyectos no salen. Otra cosa que me quedó clara es que ni lejos es suficiente que un proyecto sea bueno para que se apruebe y convierta en ley. Hace falta empujar muchísimo!

Medyar: ¿Repetiría la experiencia?

M.O´F.: Sí, sin duda me gustaría. A pesar de que pasé por muy distintos estados de ánimo durante estos estos tres años y medio, el final fue muy feliz y aprendí muchísimo.

Acceda al texto completo de la Ley 27.222.