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  ENTREVISTA

 


Junio 2015
“Necesitamos un cambio cultural que implique aceptar la idea de la justicia privada que representa el arbitraje”

Roque Caivano, Árbitro independiente, Profesor y Presidente del Comité Organizador de la Competencia Internacional de Arbitraje Comercial, comparte su visión del arbitraje en Argentina y Latinoamérica de cara a su participación en la séptima edición de la CLA.

MedyAr: De cara a su próxima participación en la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, ¿cuál es su visión del panorama latinoamericano?

R.C.: El arbitraje en América Latina ofrece situaciones bastante distintas de acuerdo a cada país, aunque se advierte una evolución general favorable ya que en los últimos años casi todos los países de la región han modificado su legislación, o están en vías de hacerlo, y ello ha permitido un crecimiento vigoroso de la práctica arbitral. Por mencionar los últimos, Panamá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, han sancionado modernas legislaciones en materia de arbitraje y tengo información de que Brasil y Uruguay están en esa misma vía. La Argentina contrasta con esta tendencia, dado que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto de 2015, con la incorporación del capítulo sobre contrato de arbitraje, va a implicar cambios que no son necesariamente positivos. Por un lado, es probable que se produzcan dificultades interpretativas acerca de cómo aplican las normas de los Códigos Procesales conjuntamente con las del Código Civil y Comercial, entre las cuales se produce una superposición de normas sobre los mismos temas y en algunos casos con diferente contenido. Además, el nuevo Código restringe las materias susceptibles de resolverse por arbitraje, a la par que amplía las vías de control judicial al incluir una norma que establece la facultad de revisar cualquier laudo que sea contrario al ordenamiento jurídico. Esto, en la práctica, puede implicar que todos los laudos sean apelables. En este sentido, es un retroceso significativo, sobre todo cuando se lo mira en el contexto latinoamericano, pues todos los países de la región van en una dirección y la Argentina va en la dirección exactamente opuesta.

MedyAr: ¿Por qué cree que se da este fenómeno en nuestro país?

R.C.: Yo creo que esto obedece a razones ideológicas, razones políticas y a un desconocimiento muy grande de lo que significa el arbitraje. Es bastante probable que todo lo que significó para la Argentina ser demandada en más de treinta casos ante el CIADI haya provocado en la clase política dirigente una idea del arbitraje como un instrumento negativo con efectos perjudiciales para el país. Pero lo que no han visto es que el propio Código excluye de la aplicación de esa norma a los arbitrajes con partes estatales. Por lo que, si lo que se quería es proteger el patrimonio del Estado, no había ninguna necesidad de limitar la materia arbitrable o ampliar las vías recursivas contra los laudos, porque la norma sólo regirá para arbitrajes entre particularesos. En definitiva, si el arbitraje se vuelve apelable y se excluyen del arbitraje categorías genéricas e imprecisas de controversias, el efecto es doble, porque se restringe innecesariamente la materia arbitrable, más allá de lo que es aceptable en el mundo y, por otro, se amplía el control judicial a contramano de la tendencia universal de reducirlo a limitadas causales de nulidad. La conjunción de estas dos circunstancias podría redundar en una mayor inseguridad jurídica, y contrasta notoriamente con las legislaciones del resto de América Latina.

MedyAr: Muchos hablan de Perú como un país modelo…

R.C.: La legislación peruana es de las más modernas de la región. La ley de arbitraje de 2008 ha capitalizado todas las innovaciones que introdujo en 2006 la Ley Modelo de UNCITRAL, y le ha agregado algunas otras disposiciones que la convierten en una ley de avanzada dentro de la región. Pero también Colombia y Panamá se han puesto a la vanguardia con sus recientes modificaciones legislativas.

MedyAr: ¿Qué está ocurriendo en Brasil, teniendo en cuenta que la CLA ha elegido a ese país como sede de su séptima edición?

R.C.: Sé que en Brasil hay un proyecto de ley para modificar la ley de arbitraje de 1996. Esta última ley significó un avance muy grande para la historia legislativa de Brasil y para lo que había sido tradicionalmente la relación entre el arbitraje y el Poder Judicial en ese país. Pero vista comparativamente, aquella fue una reforma a medias. Mi impresión es que hace 20 años Brasil no estaba culturalmente preparado para una ley como la que pudieron haber sancionado entonces porque el propio Poder Judicial no veía con buenos ojos al arbitraje. De hecho, la ley de 1996 estuvo siete años con una declaración de inconstitucionalidad pendiente de resolución en el Supremo Tribunal. Al parecer actualmente esa hostilidad judicial se ha revertido y se ha podido avanzar en un nuevo proyecto que implicaría actualizar y modernizar la ley de arbitraje para ponerla a tono con el resto de los países de la región. Por otro lado, en los últimos años se ha visto un enorme crecimiento de arbitrajes con sede en Brasil, con partes brasileñas y/o participación de árbitros brasileños, lo que demuestra que su desarrollo ha sido positivo.

MedyAr: ¿Qué se necesita para que haya una mayor aceptación del arbitraje a nivel latinoamericano?

R.C.: Tres cosas. Primero, un cambio cultural que implique aceptar la idea de la justicia privada que representa el arbitraje, lo que incluye a todos los operadores del sistema: los políticos que tienen que dictar leyes, los jueces que deben interpretarlas, los abogados que tienen que recomendar o no el sometimiento a arbitraje y las propias partes que al pactarlo tienen que ser concientes de cuáles son las limitaciones, las ventajas y las desventajas del arbitraje. En segundo término, se necesita también una buena ley que, por un lado, deje una franja relativamente amplia a la autonomía de la voluntad de las partes para someterse al arbitraje y, por otro, alguna vía de control judicial que no implique necesariamente una revisión plena de los laudos ante el Poder Judicial. El esquema más aceptado a nivel comparado es que los laudos no sean apelables y que sólo pueda acudirse al Poder Judicial para revisar su validez, por causales universalmente aceptadas que son las que la Convención de Nueva York prevé como causales para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. En tercer lugar, lo que se necesita también es que los jueces entiendan que hay un límite dentro del cual su jurisdicción termina y empieza la de los árbitros y ellos no pueden entrometerse más allá de lo que fue pactado por las partes. Esto, claro está, sin perjuicio de las limitadas vías de control que la ley autorice.

Medyar: ¿Qué temás va a abordar en la CLA?

R.C.: El panel del que formo parte se va a concentrar en la organización del procedimiento arbitral. Ello resulta interesante porque se espera que las presentaciones no sean meramente teóricas sino que el público, que suele ser muy masivo y heterogéneo, pueda tener una visión desde la práctica de los árbitros.